Familia denuncia ingreso forzado y agresiones por parte de policías municipales en Alajuelita.
- Daniel Johnson
- 2 may
- 2 min de lectura
LT3— Una mujer vecina de Alajuelita presentó una denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presunto abuso de autoridad, agresión física e ingreso ilegítimo a propiedad privada por parte de oficiales de la Policía Municipal de Alajuelita.
De acuerdo con el expediente 26-011724-0042-PE, los hechos habrían ocurrido la mañana del 2 de mayo de 2026, cuando un hombre identificado como José Fernando Corrales Álvarez se encontraba fuera de su vivienda, donde además opera un negocio familiar tipo “lava car”.
Según el relato de la denunciante, una unidad policial municipal llegó al sitio y, tras un primer contacto, se habría producido una agresión física contra el sujeto.
Posteriormente, el hombre ingresó a la propiedad; sin embargo, seis oficiales municipales habrían irrumpido en la vivienda sin autorización judicial, procediendo según la denuncia a utilizar la fuerza para detenerlo.
Durante el operativo, se reporta que la madre del afectado, Luzana Álvarez Álvarez, habría sido empujada y rociada con gas pimienta, mientras que otra familiar, Meiby Fabiola Corrales Álvarez, también habría sido golpeada.
El detenido fue trasladado a la delegación policial de Alajuelita.
La denunciante además asegura que, durante la intervención, los oficiales habrían emitido amenazas relacionadas con el cierre del negocio familiar y la revocatoria de su patente comercial.
Dentro de los funcionarios señalados figura el oficial Joseph Fontana Delgado, a quien la denunciante vincula con presuntos episodios previos de hostigamiento hacia su hermano.
El testimonio también menciona la supuesta detonación de arma de fuego en vía pública, extremo que deberá ser verificado en el proceso investigativo. La denunciante adjuntó material audiovisual y testigos de lo ocurrido, elementos que podrían ser clave en el desarrollo del caso.
A criterio de la denunciante, Carolina Corrales Álvarez, en conversación con La Tercera, su hermano no se encontraba cometiendo ningún delito al momento de la intervención, pese a que reconoce que ha tenido situaciones previas con autoridades; sin embargo, enfatiza que ese día únicamente se encontraba fuera de su vivienda fumando un cigarro cuando fue abordado por los oficiales.
A nivel jurídico, los hechos descritos podrían encuadrar en eventuales delitos como abuso de autoridad, allanamiento ilegal y lesiones, en caso de comprobarse que la actuación policial se realizó fuera del marco legal.
El caso se encuentra ahora bajo análisis del OIJ y del Ministerio Público, instancias que deberán determinar si existió un uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a derechos fundamentales, particularmente en lo relativo a la inviolabilidad del domicilio.
Comentarios