Congreso cierra el cerco a la opacidad judicial y fija deber legal de rendición de cuentas

La Asamblea Legislativa dio un giro relevante en la gobernanza institucional al aprobar por unanimidad un proyecto de ley que convierte en obligación legal la rendición de cuentas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, incorporando además un régimen de sanciones por incumplimiento.

La iniciativa, impulsada por la diputada liberacionista Alejandra Larios, introduce un nuevo capítulo en la Ley Orgánica del Poder Judicial y establece que los altos jueces deberán presentar un informe anual tanto ante la Corte como ante el Congreso. El documento deberá detallar su gestión en la respectiva sala, el volumen de expedientes recibidos, tramitados y resueltos, los votos salvados y notas emitidas, la participación en comisiones, los informes de proyectos de ley elaborados a solicitud legislativa y su asistencia a sesiones de Corte Plena, entre otros indicadores clave de desempeño.

Desde una lógica de transparencia activa, el proyecto fija que estos informes no solo deben entregarse formalmente, sino también publicarse para consulta ciudadana en los sitios web del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa, reforzando así el acceso público a la información sobre el funcionamiento de las magistraturas.

El texto aprobado incorpora consecuencias concretas en caso de incumplimiento. Si un magistrado no presenta su rendición de cuentas dentro del plazo de un mes tras cumplir su año de labores, incurrirá en una falta grave, sancionable con amonestación escrita o suspensión de hasta dos meses. En el caso específico de los magistrados del TSE, la obligación de rendir cuentas regirá a partir de la fecha de su nombramiento y el informe deberá presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, con publicación tanto en el portal del Poder Judicial como en el del órgano electoral.

Larios subrayó que hasta ahora el marco legal no contemplaba la obligatoriedad, ni el contenido mínimo, ni sanciones asociadas a la rendición de cuentas de los magistrados, lo que dejaba un vacío en materia de control y transparencia. A su juicio, la reforma busca alinear la labor judicial con estándares modernos de probidad y acercar a la ciudadanía al quehacer de las magistraturas y a la evolución de su trabajo.

La diputada calificó la aprobación como un avance estructural para fortalecer la rendición de cuentas y la ética en el ejercicio de la función pública, consolidando un mayor equilibrio entre independencia judicial y responsabilidad institucional.