Defensa de sospechoso por muerte de argentina replantea foco de la investigación en Guanacaste

La estrategia legal del estadounidense de apellido Page, investigado por la muerte de la argentina Florencia Candendo, da un giro táctico al proceso penal y apunta directamente al entorno cercano de la víctima. La defensa formalizó la apelación contra el año de prisión preventiva dictado por el Juzgado Penal de Santa Cruz, argumentando que la resolución carece de sustento técnico suficiente.

Candendo fue hallada sin vida el 1 de febrero en el estero de playa Junquillal. A partir de ese hecho, el Ministerio Público consolidó una línea de investigación que derivó en la detención de Page y en la imposición de la medida cautelar más gravosa.

El abogado Jeffry Mora Sánchez sostiene que el fallo judicial se apoya en “prejuicios o intuiciones sin base racional” y denuncia un supuesto sesgo en la conducción del caso. En su criterio, la investigación habría incurrido en una visión de túnel al concentrar la hipótesis exclusivamente en su representado, dejando de lado otros escenarios.

En esa línea, introduce como elemento central a la pareja de la víctima, a quien identifica como la última persona que fue vista con ella. El recurso señala que durante un allanamiento en la vivienda de Page, el Organismo de Investigación Judicial encontró una cédula y una tarjeta bancaria a nombre de ese tercero, lo que, según la defensa, evidenciaría acceso libre a la propiedad.

Además, el planteamiento jurídico atribuye a ese individuo un posible móvil vinculado a celos, lo que, desde la óptica defensiva, abre una línea alternativa de investigación que no habría sido explorada con la misma intensidad.

En cuanto al componente pericial, la defensa cuestiona la interpretación de las huellas de llantas localizadas en el estero. Según los informes policiales citados, en el sitio del hallazgo se detectaron dos tipos distintos de marcas. Sin embargo, la inspección técnica determinó que el vehículo decomisado al estadounidense utilizaba llantas Ecovisión MT de un solo tipo, además de ser un modelo de uso frecuente en la zona. Para la defensa, esta variable debilita la hipótesis de que únicamente el automóvil del imputado participó en los hechos.

El recurso también controvierte el análisis sobre el peligro de fuga. La jueza fundamentó la medida en la expectativa de una pena que oscilaría entre 20 y 35 años y en la supuesta falta de arraigo laboral en el país. Mora Sánchez sostiene que se citó de forma incorrecta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que dicho tribunal ha establecido que la expectativa de pena, por sí sola, es un criterio insuficiente para imponer prisión preventiva.

Por su parte, la jueza Karen Concepción Concepción respaldó la medida cautelar en hallazgos forenses recopilados en la vivienda del imputado. El despacho dio peso a las pericias con la Unidad Canina y a las pruebas con luminol, así como a la presencia de sangre humana en paredes, piso y sanitario del baño, junto con indicios de intentos de limpieza con productos domésticos, incluido cloro.

Asimismo, la resolución consignó el hallazgo de una pantaloneta con aparentes manchas de sangre, escondida bajo la cama de la habitación principal, cuya proyección sugeriría proximidad con el cuerpo de la víctima.

En materia de arraigo, el tribunal señaló que los ingresos del sospechoso provienen de Estados Unidos y que cuenta con recursos económicos que le permitirían abandonar el país o permanecer oculto sin necesidad de ejercer la actividad de construcción de tablas de surf que afirma desempeñar.

Actualmente, la defensa está a la espera de que el tribunal de alzada convoque la audiencia oral para resolver la apelación. En ese espacio procesal se definirá si se mantiene la prisión preventiva hasta febrero de 2027 o si se sustituyen las medidas por alternativas como tobillera electrónica e impedimento de salida del país.