Diez centros privados concentran más de la mitad de la deuda con Jupema por cuotas no trasladadas

La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional alertó que un grupo reducido de instituciones educativas privadas explica la mayor parte de la morosidad acumulada al cierre de 2025, una situación que impacta directamente los derechos previsionales de los docentes y mantiene abiertos procesos de cobro y judiciales.

Al cierre de diciembre de 2025, 193 escuelas y colegios privados adeudaban a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional más de ¢5.830 millones por concepto de cuotas obrero patronales que fueron descontadas, pero no trasladadas al fondo de pensiones.

Dentro de ese universo, diez instituciones concentran ¢3.195 millones, equivalente a cerca del 55 por ciento del total, según datos oficiales divulgados por Jupema.

La entidad, responsable de la recaudación y administración de las cotizaciones del magisterio, detalló que las deudas individuales de este grupo oscilan entre ¢139 millones y ¢637 millones. Entre los centros con mayores montos pendientes figuran Saint Joseph’s Primary School, Saint Margaret School, Saint Peter’s High School, el Jardín de Niños Winnie Pooh, el Colegio Bilingüe Santa Cecilia, cerrado desde 2016, y el Centro Educativo Franz Liszt School and Kiwi Learning Center.

La lista la completan el Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de Los Ángeles, el Centro Educativo Bilingüe María Auxiliadora de Cartago, el Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe, el Instituto Latinoamericano de Psicología y Pedagogía Alternativa y el Colegio Monserrat.

Desde la óptica de Jupema, la falta de traslado de las cuotas no responde a errores administrativos aislados, sino a una afectación directa a los derechos de los trabajadores. La institución advirtió que ha recibido casos de educadores que, al iniciar trámites de pensión, descubren que sus patronos no reportaron aportes que sí fueron rebajados del salario, lo que compromete la confianza y la estabilidad financiera de los afiliados. En paralelo, mantiene procesos judiciales, administrativos y de cobro para resguardar los recursos del Régimen de Capitalización Colectiva.

Consultados tras la publicación de la información, representantes de seis de los centros incluidos en el llamado “top 10” señalaron que han suscrito arreglos de pago con Jupema. Jeffry Jones, vocero de Saint Peter’s School, María Auxiliadora School, Saint Margaret School y Saint Joseph School, afirmó que las cuatro instituciones firmaron convenios el año anterior para cancelar la totalidad de la deuda en un plazo de tres años y que los pagos se encuentran al día. Según explicó, la morosidad se originó durante la pandemia, cuando priorizaron el pago de salarios para evitar despidos o rebajas.

En el caso del Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de Los Ángeles, sus representantes atribuyeron la situación al endeudamiento de las familias y al impacto prolongado de la pandemia. Indicaron que han concretado y ejecutado varios acuerdos de pago. Su fundador, Fernando Zepeda, añadió que el problema se arrastra desde hace aproximadamente una década, asociado a un programa de becas para estudiantes de alto rendimiento provenientes de hogares vulnerables. Desde la administración del centro se aclaró que Jupema solo permite arreglos de hasta ¢50 millones y un máximo de tres convenios vigentes, los cuales se cancelan mensualmente.

Por su parte, el Instituto Latinoamericano de Psicología y Pedagogía Alternativa señaló que mantiene discrepancias con Jupema sobre los montos adeudados, al considerar que se aplican planillas previas a los ajustes derivados de la pandemia. La institución indicó que se encuentra en proceso de negociación para conciliar cifras y alcanzar acuerdos.

Jupema aprovechó la comunicación para instar a los docentes a revisar periódicamente su historial de cotizaciones y a denunciar eventuales irregularidades. También hizo un llamado a padres y madres de familia a informarse sobre la situación financiera de los centros privados, al considerar que la morosidad con la seguridad social puede reflejar inestabilidad operativa y afectar la continuidad y calidad del servicio educativo.