Exigen sacar a Gleidy Alvarado de la CCSS tras denuncia por red familiar y manejo de inventarios
- Daniel Johnson
- hace 2 días
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Una denuncia anónima presentada el 27 de abril ante la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) puso en evidencia una presunta estructura de conflictos de interés, cuestionamientos sobre idoneidad y antecedentes de daño patrimonial dentro del Área de Almacenamiento y Distribución (Unidad 1144), considerada estratégica para la gestión de insumos médicos en el país.
El señalamiento se centra en una serie de decisiones administrativas recientes que, según el documento, habrían debilitado los controles internos y reactivado riesgos históricos vinculados a la pérdida de medicamentos y manejo irregular de inventarios.
Nombramiento bajo cuestionamiento
Según la denuncia anónima el 30 de marzo de 2026, el gerente de Logística de la CCSS, Dr. Esteban Vega de la O, designó a Gleidy Ariadna Alvarado Miranda como jefa del Área de Almacenamiento y Distribución, en sustitución temporal de Daniel Monge Castillo.
Este nombramiento es uno de los ejes centrales de la denuncia. El documento plantea que la designación no solo estaría viciada por presuntos problemas de idoneidad, sino también por la existencia de vínculos familiares directos dentro de la misma unidad operativa.
En específico, se señala que Manuel Enrique Alvarado Miranda, hermano de la funcionaria nombrada, ocupa un puesto de jefatura en el área de Control y Despacho (Transportes), dentro de la misma Unidad 1144. Esta relación, según la denuncia, genera una línea de influencia directa en la cadena logística, lo que comprometería la imparcialidad en la toma de decisiones y la fiscalización de los procesos.
Antecedentes de pérdidas millonarias
Uno de los elementos más sensibles del caso es la referencia a antecedentes documentados de daño patrimonial. Según la denuncia, informes de auditoría interna de años anteriores vinculan la gestión de Alvarado Miranda con pérdidas cercanas a los ¢1.000 millones, relacionadas con vencimiento y manejo inadecuado de medicamentos en bodegas del nivel central.
El documento detalla que, en ese periodo, se habrían utilizado mecanismos como “notas de ajuste” manuales en sistemas institucionales para modificar registros de inventario, lo que habría permitido ocultar faltantes sin que los hechos fueran judicializados.
Además, se mencionan otros eventos de impacto económico significativo, incluyendo pérdidas de insumos por más de ¢100 millones y el vencimiento de grandes volúmenes de productos médicos, como guantes desechables almacenados en tarimas.
Cuestionamientos sobre idoneidad
La denuncia también expone dudas sobre la idoneidad técnica y ética de la funcionaria designada. Se indica que evaluaciones previas y estudios internos habrían calificado a Alvarado Miranda como “no apta” para cargos de jefatura, debido a riesgos asociados a integridad y desempeño.
A pesar de estos antecedentes, la administración habría procedido con su nombramiento, lo que el documento interpreta como una omisión deliberada de criterios técnicos y de control.
Asimismo, se plantea que existirían inconsistencias en la validación de experiencia profesional utilizada para respaldar su ascenso dentro de la institución.
Red ampliada de parentescos
El caso no se limita a un único vínculo familiar. La denuncia también detalla la situación de Daniel Monge Castillo, quien figura como titular previo del cargo y cuya designación en propiedad también es cuestionada.
Según el documento, dentro de la misma Unidad 1144 laboran familiares por afinidad de Monge Castillo, específicamente Mario Agüero Gutiérrez y Luis Guillermo Hernández Zúñiga, señalados como cuñados del funcionario.
La coexistencia de estos vínculos dentro de una misma estructura operativa que abarca almacenamiento, control y transporte de insumos es presentada como un factor de alto riesgo, al eliminar los controles cruzados necesarios para garantizar transparencia en la gestión de bienes públicos.
Impacto en los controles institucionales
La Unidad 1144 cumple un rol crítico en la cadena de abastecimiento de la CCSS, al gestionar el almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos médicos a nivel nacional.
De acuerdo con la denuncia, la presencia de familiares en posiciones clave dentro de esta estructura compromete principios básicos de control interno, como la segregación de funciones. Esto, en términos operativos, implica que los procesos de supervisión, registro y despacho podrían quedar bajo influencia de personas con vínculos directos, reduciendo la posibilidad de detección de irregularidades.
El documento advierte que este tipo de configuraciones aumenta el riesgo de reincidencia en prácticas como la manipulación de inventarios o el ocultamiento de pérdidas.
Señalamientos hacia la alta dirección
La denuncia también apunta a decisiones de alto nivel dentro de la institución. Se cuestiona directamente la actuación del gerente de Logística, Esteban Vega de la O, al considerar que el nombramiento realizado responde a criterios discrecionales que habrían ignorado advertencias técnicas y antecedentes documentados.
Asimismo, se menciona a Adriana Chávez Díaz como parte de la estructura administrativa vinculada a los hechos señalados, en el contexto de decisiones relacionadas con nombramientos y supervisión.
Según el documento, estas actuaciones podrían configurar un debilitamiento del sistema de control interno y una exposición innecesaria a riesgos legales y financieros para la institución.
Riesgos institucionales y reputacionales
El caso también introduce un componente estratégico relevante: el impacto en los estándares de cumplimiento y gobernanza de la CCSS. La denuncia advierte que decisiones como las descritas podrían comprometer la implementación de sistemas de integridad institucional, particularmente aquellos orientados a la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia.
En este contexto, se plantea que la falta de aplicación rigurosa de controles de debida diligencia en nombramientos podría afectar la credibilidad institucional y la confianza pública en la gestión de recursos.
Un patrón bajo escrutinio
Más allá de los nombres específicos, el documento sugiere la existencia de un patrón estructural que combina relaciones familiares, decisiones administrativas cuestionadas y antecedentes de pérdidas económicas.
Este patrón, según la denuncia, habría permitido la consolidación de una red de influencia dentro de una unidad clave, con capacidad de incidir en la gestión de inventarios y en la supervisión de procesos críticos.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el señalamiento de una presunta violación a la norma internacional ISO 37001, estándar adoptado por la CCSS en mayo de 2024 como parte de su estrategia de fortalecimiento institucional en materia de transparencia y prevención de la corrupción.
La ISO 37001 es un sistema de gestión antisoborno que obliga a implementar controles rigurosos para prevenir, detectar y abordar riesgos asociados a prácticas indebidas, incluyendo conflictos de interés, tráfico de influencias y favoritismos en la toma de decisiones.
Dentro de sus pilares clave se encuentra la llamada “debida diligencia”, un proceso mediante el cual la institución debe evaluar de forma previa y exhaustiva la idoneidad ética, técnica y reputacional de las personas que serán nombradas en puestos estratégicos.
Según la denuncia, este principio habría sido ignorado en el nombramiento de Gleidy Alvarado Miranda. El documento sostiene que la administración habría omitido antecedentes relevantes vinculados a cuestionamientos en su gestión pasada y a la existencia de vínculos familiares directos dentro de la misma unidad operativa.
Desde una perspectiva técnica, esta omisión no solo representa una debilidad en los controles internos, sino que podría ser catalogada como una “no conformidad mayor” dentro del sistema ISO 37001. En términos prácticos, esto implica que la institución estaría incumpliendo uno de los requisitos centrales del estándar que ella misma decidió implementar.
El riesgo no es menor. La norma exige que la alta dirección actúe como garante del cumplimiento ético y dé el ejemplo en la toma de decisiones. Cualquier señal de tolerancia a posibles conflictos de interés o nombramientos cuestionados puede comprometer la credibilidad del sistema completo.
Además, la denuncia advierte que este tipo de situaciones podría poner en riesgo la certificación antisoborno de la institución, un proceso que implicó inversión económica y que busca precisamente blindar a la CCSS frente a prácticas que afecten la correcta administración de recursos públicos.
En ese contexto, el caso trasciende un simple nombramiento administrativo y se convierte en un indicador de posibles fallas estructurales en la gobernanza institucional, particularmente en la aplicación real y no solo formal de estándares internacionales diseñados para prevenir la corrupción.
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