Fiscalía busca detener juicio contra Celso Gamboa para agilizar su eventual extradición

El Ministerio Público movió ficha este viernes ante el Juzgado Penal de Hacienda al presentar un criterio de oportunidad para detener una causa penal contra el exmagistrado Celso Gamboa, una decisión orientada a destrabar procesos y acelerar otros frentes judiciales abiertos en su contra.

El expediente corresponde a una investigación por presunto cohecho propio, vinculada a un viaje a Panamá que Gamboa habría recibido como dádiva en octubre de 2016, cuando integraba la Sala Tercera. Según la causa, el beneficio habría sido otorgado por el empresario Juan Carlos Bolaños, figura central del caso conocido como Cemento chino.

En la misma investigación figuran como imputados Bolaños y su primo Javier Rojas Segura, entonces gerente general del conglomerado empresarial. Bolaños enfrenta cargos como presunto corruptor, mientras que Rojas Segura aparece en condición de supuesto cómplice.

De acuerdo con el expediente judicial, la presunta dádiva habría tenido como objetivo que Gamboa no se apartara del conocimiento de una solicitud de desestimación en la Sala Tercera, relacionada con una causa por supuesto tráfico de influencias contra los exdiputados Víctor Morales Zapata, Otto Guevara y Wálter Céspedes Salazar, en asuntos asociados a intereses del empresario.

El inicio del juicio estaba programado para el próximo martes 13 de enero; no obstante, ese calendario queda en suspenso a la espera de que el Juzgado resuelva la solicitud planteada por la Fiscalía. El criterio de oportunidad, previsto en el Código Procesal Penal, faculta al Ministerio Público a no continuar una investigación o acusación bajo supuestos específicos definidos por la norma.

La eventual paralización de este proceso tendría un impacto directo en la situación jurídica de Gamboa, al reducir el número de causas pendientes en Costa Rica que podrían retrasar su traslado a Estados Unidos, donde enfrenta una acusación por presunto narcotráfico.

El exmagistrado y exministro de Seguridad también estuvo vinculado a otra investigación por supuesto tráfico de influencias, relacionada con gestiones atribuidas en 2018 ante diputados para que se ausentaran de la sesión legislativa en la que se votaría su destitución. Sin embargo, en diciembre anterior, esa causa también fue suspendida mediante un criterio de oportunidad avalado por el Juzgado Penal de Hacienda, precisamente para facilitar el trámite de extradición.