Laura Fernández marca distancia de propuesta sobre bases militares de EE. UU. en Costa Rica

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, reaccionó este jueves a la propuesta planteada por uno de sus asesores sobre permitir la instalación de bases militares de Estados Unidos en el país. La futura mandataria subrayó que las ideas expresadas por miembros de su equipo técnico corresponden a criterios individuales y no representan la postura oficial de su administración.

Durante una entrevista en el programa radial Por Tres Razones, de Radio Columbia, Fernández señaló que sus asesores no actúan como voceros del gobierno entrante. En esa línea, destacó que cada integrante del grupo mantiene independencia para opinar en temas de interés público.

El planteamiento fue realizado por el abogado Fabián Silva en el programa televisivo El Octavo Mandamiento, del canal ¡Opa!, donde sugirió la posibilidad de instalar presencia militar estadounidense en provincias como Limón, Puntarenas y Guanacaste para reforzar la lucha contra el narcotráfico.

La iniciativa generó reacciones dentro del ámbito de seguridad pública. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, manifestó cautela ante esa posibilidad y explicó que las fuerzas militares no necesariamente están orientadas a tareas de combate al narcotráfico.

Según Zamora, la cooperación internacional en esta materia se ha enfocado principalmente en agencias como la Administración de Control de Drogas y el Buró Federal de Investigaciones, que operan en coordinación con autoridades locales.

El jerarca añadió que cualquier discusión sobre bases militares extranjeras requeriría un análisis legislativo profundo. A su criterio, la propuesta abre un debate relevante en el contexto de la seguridad y el combate al crimen organizado en el país.

La eventual instalación de instalaciones militares extranjeras enfrenta además un límite jurídico importante. La Constitución Política de Costa Rica abolió el ejército como institución permanente, lo que implica que el ingreso de tropas o naves militares debe contar con autorización previa de la Asamblea Legislativa.

Por esa razón, cualquier iniciativa relacionada con bases militares tendría que superar ese marco constitucional y someterse a una amplia discusión política antes de avanzar.

Fernández también explicó que el equipo técnico que la asesora en reformas legales trabaja de manera voluntaria y ad honorem. Además de Silva, el grupo está integrado por juristas como María Lourdes Echandi, Fabián Volio y Juan Diego Castro.

La presidenta electa afirmó que el grupo ya inició reuniones para organizar el trabajo relacionado con las reformas que buscará impulsar durante su administración.