Ramos pone sobre la mesa un giro estratégico al debate del BCR y desafía la venta directa

La discusión sobre el futuro del Banco de Costa Rica entra en una fase de redefinición estratégica. Álvaro Ramos, economista y excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional, planteó una alternativa que cambia el eje del debate, al proponer que el BCR no se venda, sino que su propiedad sea trasladada directamente al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El planteamiento surge como respuesta al anuncio de la presidenta electa, Laura Fernández, quien impulsa una ley para subastar la entidad bancaria con el objetivo de reducir la deuda estatal con el IVM. Ramos reconoce que hace meses respaldaba la venta, pero sostiene que hoy el diseño planteado incorpora una intermediación innecesaria que diluye el impacto real sobre las pensiones.

Desde su perspectiva, la lógica financiera es directa. Si el objetivo es fortalecer el IVM, la vía más eficiente sería transferir las acciones del banco al fondo de pensiones, permitiendo que los excedentes del BCR ingresen de forma permanente al régimen, bajo una estructura de gobierno corporativo ya existente. Con ello, se evitaría un proceso de venta que, a su juicio, podría erosionar el valor del banco y afectar a sus trabajadores.

Ramos condiciona cualquier discusión futura a un punto clave.

El Ministerio de Hacienda, afirma, debe reconocer formalmente la deuda con la CCSS. Sin ese paso, cuestiona la legitimidad de vender un activo estratégico para saldar una obligación que, institucionalmente, no está admitida. En su hoja de ruta, el reconocimiento de la deuda es el primer hito, y solo después tendría sentido evaluar la venta del banco. El economista aclara que su posición no es de rechazo automático a la privatización, sino de oposición a la forma y el momento en que se ha planteado, al advertir riesgos reputacionales, operativos y laborales para la entidad financiera.

La propuesta contrasta con la línea de la presidenta electa, quien sostiene que la venta total del BCR es necesaria ante el adelantamiento del déficit del IVM. El Gobierno dejó de cubrir las cuotas estatales de 2025, lo que obligó a la CCSS a utilizar ¢50.000 millones de sus reservas para pagar pensiones a 393.000 personas, un escenario previsto originalmente para 2041.

Fernández ha señalado que la operación debe concretarse con rapidez y acompañarse de un paquete legislativo que respalde la capitalización del régimen, con el fin de evitar ajustes drásticos como el aumento de la edad de jubilación. Ramos, en cambio, defiende mantener la propiedad estatal, pero redefiniendo el dueño de las acciones para que el banco funcione como un activo estructural al servicio del sistema de pensiones.

En el plano político, el debate se endurece. La dirigencia del PLN ya adelantó que se opondrá a la venta del banco, alineándose con la tesis de preservar el control público de la entidad financiera.