Auditoría alerta debilidades estructurales en ampliación Barranca-Limonal

La Auditoría Interna del Consejo Nacional de Vialidad encendió las alertas sobre la ejecución del proyecto de ampliación entre Barranca y Limonal, al identificar riesgos operativos, técnicos y financieros que podrían comprometer la hoja de ruta de la obra.

El informe, fechado el 18 de diciembre, ya fue conocido por el Consejo de Administración del Conavi, órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El documento pone el foco en debilidades en la estructura de gobernanza del proyecto y en la viabilidad de los plazos comprometidos.

Uno de los principales hallazgos es la brecha en la conformación del equipo ejecutor. Aunque se había comunicado que la unidad contaría con 10 profesionales en áreas clave como gerencia, gestión legal y soporte técnico, al cierre de la auditoría solo se reportaban tres funcionarios, concentrados en gerencia de proyecto y soporte operativo. Según el informe, esta situación podría traducirse en controles de baja calidad o de aplicación ocasional, elevando el riesgo residual a niveles inaceptables.

En materia de cronograma, el contrato establece un plazo de 24 meses; sin embargo, durante la orden de inicio, el ministro Efraím Zeledón señaló que la obra podría completarse en 20 meses. La Auditoría considera que dichas metas no se ajustan a la realidad técnica del proyecto.

El programa de trabajo estima, por ejemplo, que cada puente podría construirse en un promedio de cuatro meses, proyección que los auditores califican como poco realista. Asimismo, advierten que completar los 50 kilómetros en 28 meses, como se planteó en los términos de referencia preliminares, podría generar expectativas desalineadas frente a experiencias previas como la ampliación de la ruta 32.

Otro punto crítico es el plan de manejo de tránsito. El análisis determinó un riesgo con criticidad extrema, ya que la estrategia se basa en aprovechar al máximo la ruta actual para movilizar maquinaria pesada y grandes volúmenes de material, pese a condiciones como el ancho limitado de la vía, márgenes a desnivel y escasas rutas alternas. Bajo ese escenario, no se garantizaría la circulación ininterrumpida en dos carriles, tal como exige el contrato.

En el ámbito financiero, la Auditoría detectó ausencia de flujo de caja y de un presupuesto detallado en los documentos revisados, lo que impide evaluar la suficiencia de recursos y las necesidades de financiamiento. También recomendó fortalecer el sistema de control interno conforme a la normativa vigente para asegurar supervisión técnica y financiera efectiva.

Los señalamientos fueron discutidos en la sesión del 19 de enero. El Consejo de Administración acordó solicitar al gerente del proyecto un descargo formal y, a propuesta del viceministro de Infraestructura, Pablo Camacho, trasladar la advertencia a la Dirección Ejecutiva para estructurar un plan de mitigación de riesgos.

La ampliación de los 50 kilómetros fue adjudicada en dos contratos. El consorcio Barranca Ruta 1, conformado por Bel Ingeniería y La Estrella, ejecutará el tramo entre Barranca y San Gerardo de Chomes por $127 millones, mientras que la empresa MECO desarrollará la sección restante hasta Limonal por más de $148 millones.

El proyecto contempla ampliación a cuatro carriles, construcción de puentes vehiculares y peatonales, retornos, intercambios y pasos de fauna. Las empresas deberán retomar obras con un avance aproximado del 30%, luego de que los trabajos permanecieran suspendidos desde noviembre de 2022 tras el finiquito del contrato anterior.

La inversión total requerida para concluir la obra asciende a $275 millones y será financiada mediante el Fondo de Avales, luego de que el remanente del crédito previo fuera redirigido a la carretera a San Carlos.