Cartago propone desalojar Los Diques por alto riesgo

LT3— La Municipalidad de Cartago propone desalojar los asentamientos en Los Diques, una franja de 12 kilómetros donde viven unas 11.000 personas, ante riesgos por inundaciones, hacinamiento y problemas de seguridad.

La iniciativa, liderada por el alcalde Mario Redondo, cobró fuerza tras una reunión entre autoridades locales y entidades del Gobierno, donde se acordó recuperar espacios públicos considerados críticos en la provincia.

Según la Municipalidad, en el sector habitan al menos 2.500 familias en condiciones precarias, muchas sin acceso formal a servicios básicos como agua y electricidad. Redondo calificó la zona como una “bomba de tiempo”, al advertir sobre la vulnerabilidad ante crecidas del río Reventado, así como la presencia de estructuras vinculadas al narcotráfico.

El plan contempla iniciar un proceso de diálogo con las comunidades, además de un registro para identificar a las familias en condición de pobreza o pobreza extrema. La intención es canalizar ayudas sociales mediante instituciones como el IMAS y el Ministerio de Vivienda, así como buscar financiamiento internacional.

No obstante, la ejecución enfrenta múltiples desafíos. La Municipalidad reconoce que los terrenos pertenecen al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo que limita su margen de acción. Además, procesos de reubicación masiva requieren coordinación interinstitucional y recursos que no están garantizados.

Desde el Gobierno, autoridades han señalado que no todas las familias necesariamente serán reubicadas. Algunas podrían acceder a bonos de vivienda si cumplen requisitos, mientras que otras podrían optar por mejoras habitacionales o regularización de su situación.

Vecinos de la zona expresan incertidumbre. Habitantes aseguran que aceptarían salir si se les garantiza una vivienda digna, pero temen ser desalojados sin alternativas claras. Para muchas familias, el asentamiento representa su único hogar, pese a los riesgos.

Expertos de la Comisión Nacional de Emergencias advierten que el área forma parte de una cuenca con antecedentes de eventos destructivos, incluidos desbordamientos y flujos de materiales. Señalan que un proceso de reubicación de esta magnitud no se resolverá en el corto plazo y podría tardar varios años.

El caso se da en un contexto nacional de aumento de asentamientos informales. Datos de la Contraloría General de la República indican que en 2025 se registraron 576 asentamientos, un incremento significativo respecto a años anteriores.

Además del traslado de las familias, especialistas advierten que uno de los principales retos será evitar que los terrenos vuelvan a ser ocupados, como ha ocurrido en el pasado tras intentos de reubicación.