Choque en Hacendarios: Feinzaig acusa a Cisneros de faltar a la verdad por cifras del marchamo

La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa se convirtió en el epicentro de un enfrentamiento político entre el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, y la jefa de fracción oficialista Pilar Cisneros, durante la audiencia de la contralora general Marta Acosta.

El detonante fue la interpretación de cifras relacionadas con la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos, tras la aprobación de la Ley 10.390 en 2023. Cisneros sostuvo que el Gobierno dejó de percibir más de ¢85.000 millones por efecto de esa reforma. Feinzaig, con documentación del Ministerio de Hacienda en mano, refutó esa afirmación y aseguró que los datos oficiales no respaldan ese cálculo.

Según el legislador liberal, la recaudación pasó de ¢165.000 millones en 2024 a ¢228.000 millones en 2025, lo que representa un incremento de ¢62.781 millones. Además, detalló que entre 2023 y 2024 hubo una disminución cercana a ¢31.000 millones, pero insistió en que nunca alcanzó los ¢85.000 millones señalados por la diputada oficialista.

En medio del intercambio, Feinzaig calificó como reiteradas las imprecisiones de Cisneros. Ella, por su parte, rechazó las acusaciones y cuestionó el tono del diputado. La discusión giró en torno a la diferencia entre datos presupuestarios proyectados y la recaudación efectiva reportada por Hacienda.

La presidenta de la comisión, Paulina Ramírez, intervino para aclarar que no es técnicamente válido equiparar ingresos estimados en presupuestos con cifras finales de recaudación. Consultada directamente, Acosta confirmó que el informe de la Contraloría se basa en ingresos potenciales, no en recaudación real.

En paralelo, la contralora advirtió que el proyecto en discusión podría generar un impacto aproximado de ¢8.000 millones en la recaudación del impuesto. Señaló que cualquier disminución debería compensarse con otras fuentes ordinarias de ingreso para resguardar la sostenibilidad fiscal.

Acosta también explicó que la iniciativa, al impedir ajustes posteriores en el valor fiscal de los vehículos, podría provocar una merma en la base imponible, particularmente al fijar el valor CIF de importación sin considerar etapas posteriores de comercialización. Desde su perspectiva técnica, esto implicaría un deterioro en comparación con la metodología vigente.