Contratos millonarios y dádivas sacuden Patología del Hospital San Juan de Dios

Más de $2.2 millones en contrataciones públicas, tres tiquetes aéreos internacionales presuntamente financiados por un proveedor y la apertura de un negocio privado en paralelo: esos son los elementos que hoy colocan bajo una sombra de una denuncia bajo expediente no. 25-68-1218-PE al servicio de Anatomía Patológica del Hospital San Juan de Dios.

Lo que a simple vista podría parecer un proceso administrativo rutinario, comienza a revelar según la denuncia un posible entramado donde decisiones técnicas, beneficios personales y actividades privadas habrían convergido en un mismo círculo de poder.

Red de contratos, viajes y negocio privado sacude al Hospital San Juan de Dios.

Según la denuncia, entre 2019 y 2023 se adjudicó la licitación 2019LN-000012-2102 por $1.200.000 a la empresa EQUITRON-ROCHE S.A., para servicios de inmunohistoquímica, fundamentales en la detección de distintos tipos de cáncer. Posteriormente, en 2023, se concretó un nuevo proceso licitatorio (SICOP 2023LY-000017-0001102102) por un monto cercano a $1.000.000, nuevamente adjudicado al mismo proveedor, bajo modalidad de entrega por demanda.

Ambos contratos tuvieron como fiscalizador al doctor Ernesto Jiménez Montero, jefe del servicio de Anatomía Patológica, quien junto con los doctores Armando Meneses y Pablo Alejandro Goyenaga habría tenido un rol activo en la elaboración de carteles, especificaciones técnicas y recomendaciones de adjudicación.

Aquí emerge un primer punto crítico de gobernanza: la concentración de funciones técnicas, operativas y de control en un mismo núcleo de decisión.

Viaje a Argentina: el punto de inflexión

La denuncia introduce un elemento de alto riesgo reputacional: la presunta entrega de tres tiquetes aéreos con todos los gastos pagos por parte de EQUITRON-ROCHE S.A. para asistir a un congreso en Argentina en noviembre de 2023.

Los beneficiarios señalados son:

• Armando Meneses

• Pablo Alejandro Goyenaga

• Kevin Inés Chávez (vía rifa, según la denuncia)

Lo más delicado es que, según el denunciante, estos beneficios no constan en el expediente de contratación original ni en sus condiciones formales, lo que abre la puerta a un posible esquema de dádivas no declaradas.

El timing añade presión al caso: apenas dos meses después del viaje, entra en vigor una nueva licitación que vuelve a favorecer al mismo proveedor.

El frente privado: HISTOLÓGIC y el posible conflicto de intereses

Paralelamente, en diciembre de 2023, los médicos señalados habrían iniciado operaciones de una clínica privada llamada HISTOLÓGIC, ubicada en Sabana Norte.

De acuerdo con la denuncia:

• La clínica estaría equipada con tecnología de la misma empresa contratista.

• Existiría una relación comercial simultánea con el proveedor tanto en el ámbito público como privado. Desde una óptica de compliance, esto configura un potencial conflicto de interés de alta exposición, especialmente si los mismos actores participan en decisiones de compra en el sector público.

Uso de recursos públicos para fines privados

El componente más sensible del caso radica en la presunta utilización de infraestructura del hospital para actividades privadas.

Se señala que:

• Se procesaban biopsias de origen privado dentro del hospital.

• Estas actividades ocurrían en horario laboral.

• Se utilizaban equipos, red institucional y estaciones de trabajo del centro médico.

Incluso se describen fechas específicas (noviembre de 2024) en las que se habrían realizado procedimientos completos desde congelación hasta diagnóstico de muestras provenientes del laboratorio privado.

Además, la denuncia incluye la participación de una funcionaria administrativa, Gabriela Cordero Zeledón, quien presuntamente habría realizado transcripciones de biopsias privadas durante su jornada laboral, utilizando recursos institucionales y canales digitales como WhatsApp.

Clima organizacional: silencio y temor

Otro elemento que emerge es el riesgo cultural dentro de la organización. El denunciante asegura que personal técnico y administrativo tendría conocimiento de estas prácticas, pero evita denunciarlas por temor a represalias.

Este tipo de dinámicas suele ser un indicador de fallas en los sistemas internos de control y en los canales de denuncia segura.

De momento lo que se perfila en esta denuncia no es un hecho aislado, sino un posible patrón sistémico donde convergen contratación pública, intereses privados y uso indebido de recursos.

De confirmarse, estaríamos ante un caso que podría escalar a figuras penales como cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, pero más allá del plano jurídico, el impacto más profundo sería institucional: la pérdida de confianza.

En el sector salud, cada decisión técnica tiene una consecuencia humana. Cada recurso desviado, cada proceso comprometido, termina afectando al paciente que espera un diagnóstico oportuno.

Y en ese punto, la pregunta deja de ser legal para convertirse en ética:

¿qué ocurre cuando quienes deben resguardar la salud pública comienzan a operar bajo lógicas privadas?

La respuesta, de momento, queda en manos de las autoridades. Pero el riesgo ya está sobre la mesa.