Hacienda detecta red de facturas falsas para evadir impuestos

LT3— El Ministerio de Hacienda detectó una red de facturación falsa utilizada para evadir impuestos en Costa Rica, tras una serie de investigaciones realizadas por la Dirección General de Tributación durante el 2025. En total se fiscalizaron 50 casos y se lograron recuperar cerca de ¢8.000 millones que habían sido deducidos de forma irregular, mientras que algunas maniobras detectadas movieron hasta ¢80.000 millones mediante sociedades ficticias y uso de testaferros, según información publicada por La Nación.

Las autoridades explicaron que el esquema consiste en crear entidades que emiten comprobantes electrónicos por ventas o servicios que nunca ocurrieron. Estas facturas falsas son compradas por empresas reales para inflar gastos, pagar menos impuestos o justificar movimientos de dinero. Tributación detectó que en muchos casos se utilizan adultos mayores o personas en condición de calle como representantes legales de las sociedades para ocultar a los verdaderos responsables.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el mecanismo se realiza mediante dos tipos de figuras conocidas como EFOS, que son entidades que facturan operaciones simuladas, y EDOS, que son empresas que compran esas facturas para deducir gastos. Las sociedades ficticias suelen reportar ventas millonarias pese a no tener empleados, inventario, activos ni domicilio real, lo que permite simular actividad económica durante todo el año.

En una de las investigaciones se detectó que una sociedad inició con un gasto mínimo y luego emitió facturas por miles de millones de colones a otras compañías, creando una cadena de comprobantes falsos que terminó siendo utilizada por contribuyentes reales para reducir su base imponible o generar créditos fiscales.

Hacienda también advirtió que este tipo de documentos puede usarse para encubrir dinero de origen ilícito.

El director de Tributación, Mario Ramos, confirmó que ya se presentaron denuncias penales contra varias estructuras y que continúan las fiscalizaciones tanto contra quienes emiten como contra quienes compran las facturas falsas. Las sanciones pueden incluir multas de hasta el 150% del monto defraudado, así como procesos penales por delitos como falsificación de documentos, asociación ilícita y suplantación de identidad.