Fabricio Alvarado solicita frenar investigación legislativa por denuncia de abuso sexual

El diputado y jefe de fracción del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se deje sin efecto el proceso administrativo que se tramita en su contra por una denuncia de presunto abuso sexual presentada por la exdiputada y asesora parlamentaria Marulin Azofeifa Trejos.

La petición fue presentada mediante una nota de una página entregada el martes 10 de marzo, el mismo día en que el legislador viajó a República Dominicana para participar en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. En el documento, Alvarado pidió declarar la incompetencia de la comisión investigadora integrada por cinco diputados, creada el 15 de febrero para analizar la denuncia.

El legislador argumentó que Azofeifa optó por llevar el caso a la vía judicial, luego de presentar una denuncia ante la Fiscalía General. Según su planteamiento, esa decisión generaría una situación de indefensión y volvería incompatible el procedimiento administrativo con el proceso penal.

Alvarado indicó además que sus abogados le recomendaron no referirse públicamente al caso mientras se tramita en los tribunales y defenderse únicamente en la vía judicial. También sostuvo que los hechos señalados en la denuncia no son ciertos y que, en el proceso correspondiente, presentará las pruebas que considere necesarias.

La defensa de Marulin Azofeifa rechazó la solicitud del diputado y afirmó que la comisión legislativa mantiene plena competencia para continuar con el procedimiento. Los abogados Carolina Hidalgo y David Delgado señalaron que se trata de un proceso administrativo y disciplinario regulado por el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa.

Según explicaron, ese procedimiento busca determinar si existió una falta administrativa y, de ser el caso, aplicar sanciones contempladas en el reglamento, como una amonestación ética pública. Asimismo, sostuvieron que la existencia de un proceso penal no elimina ni suspende la potestad disciplinaria del Congreso.

La defensa también indicó que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha establecido que un proceso penal y uno administrativo pueden tramitarse en paralelo cuando se refieren a los mismos hechos, ya que ambos analizan responsabilidades distintas dentro de ámbitos jurídicos diferentes.