Tribunal descarta frenar suspensión del alcalde josefino y pide criterio al Concejo

El Tribunal Procesal Contencioso Administrativo Civil de Hacienda rechazó la solicitud del alcalde de San José, Diego Miranda, con la que pretendía frenar la suspensión temporal de su cargo acordada por el Concejo Municipal.

La decisión fue tomada por el juez Alcevith Godínez Prado, quien calificó como prematura la gestión presentada por el jerarca municipal. Según la resolución emitida este jueves 5 de marzo, la solicitud no aportaba elementos suficientes para demostrar la urgencia de suspender de inmediato el acuerdo adoptado por los regidores.

Miranda había pedido una medida cautelar para detener el acuerdo aprobado el 24 de febrero por la mayoría del Concejo Municipal de la Municipalidad de San José, mediante el cual se dispuso separarlo del cargo por 15 días naturales.

Tras analizar la documentación aportada, el tribunal concluyó que no se acreditó una afectación inmediata que justificara la intervención cautelar. El juez indicó que la decisión busca contar con mayores elementos de juicio antes de resolver el fondo del caso.

Como parte del proceso, el tribunal otorgó un plazo de tres días al Concejo Municipal para que comparezca a audiencia y se pronuncie sobre la denuncia interpuesta por el alcalde contra la decisión de apartarlo del puesto.

La resolución también aclara que la gestión presentada por Miranda no constituye una nueva solicitud cautelar, sino un análisis sobre un posible cambio de circunstancias respecto a una medida cautelar previamente resuelta por el mismo tribunal el 24 de febrero.

La suspensión del alcalde se originó tras cuestionamientos por su intervención en una licitación para adquirir 16 vehículos eléctricos. De acuerdo con un informe preliminar de Auditoría, el jerarca habría solicitado declarar desierto el proceso pese a que ya había sido adjudicado desde enero de 2024 a la empresa Cori Motors de Centroamérica.

El documento señala que esa gestión se habría realizado sin respaldo de criterios técnicos, financieros o legales, lo que generó preocupación dentro del órgano fiscalizador municipal.

El Concejo Municipal había aprobado inicialmente la suspensión el 21 de octubre de 2025, pero la medida no se ejecutó en ese momento. El tema volvió a discusión el 24 de febrero pasado, cuando ocho regidores votaron a favor de aplicar la sanción y tres en contra.

El acuerdo quedó en firme el 3 de marzo tras una segunda votación. Posteriormente, la Secretaría del Concejo notificó al alcalde, a la vicealcaldesa primera Yariela Quirós y al director de Talento Humano, Allan Vásquez, para proceder con la ejecución de la medida.

Miranda ha reiterado que continuará presentándose a la municipalidad para cumplir con sus funciones y sostiene que la sanción es improcedente. El alcalde también afirmó que los regidores que apoyaron la suspensión habrían incurrido, a su criterio, en un presunto delito de prevaricato.