FEUCR eleva alerta por presunto uso indebido de fondos de apoyo social

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica presentó una denuncia ante la Oficina de Contraloría Universitaria por eventuales irregularidades en la asignación de recursos del programa Fondo Solidario correspondientes a los años 2024 y 2025. La acción se enmarca en una revisión interna orientada a fortalecer la gobernanza, la trazabilidad de los recursos y la rendición de cuentas.

Según explicó el Directorio actual, la alerta surgió tras una resolución de la Sala Constitucional que obligó a la administración previa a entregar información detallada sobre las personas beneficiarias del fondo. Durante ese proceso de levantamiento y análisis de datos se habrían identificado asignaciones que no cumplirían con los criterios de imparcialidad esperados.

El Fondo Solidario se financia con recursos provenientes del presupuesto que la Universidad de Costa Rica asigna a la Federación y tiene como objetivo respaldar a estudiantes en condición socioeconómica vulnerable. No obstante, el comunicado institucional señala que figurarían como beneficiarias personas con cargos en el Directorio, familiares o integrantes de estructuras partidarias vinculadas a las gestiones cuestionadas.

La comunicación oficial no precisa a qué partido federativo ni a cuáles presidencias corresponde la administración bajo análisis. Durante 2024 y 2025, la Federación estuvo liderada por Valentina Palacio y Artemisa Villalta, respectivamente. Villalta dejó el cargo tras la controversia generada por la cancelación de conciertos de la Semana Universitaria, y posteriormente asumió José Masís.

Un medio  intentó conocer la posición de Palacio y Villalta, sin obtener respuesta al cierre de la publicación.

Desde una perspectiva de gestión responsable, el Directorio informó que puso los hechos en conocimiento de las autoridades universitarias para que determinen si existe una falta administrativa o eventualmente un ilícito penal. Subrayó además que, tratándose de recursos públicos, la administración debe alinearse con estándares elevados de transparencia, control interno y accountability.

Como medida de mitigación de riesgos, la Federación decidió suspender de forma temporal la asignación del Fondo Solidario mientras se revisan y refuerzan los mecanismos de control. Paralelamente, anunció que en las próximas semanas presentará reformas estatutarias y reglamentarias para asegurar procesos más rigurosos, objetivos y transparentes, buscando restablecer la confianza y proteger el impacto social del programa.