ICE pierde tracción en 5G mientras el mercado ya migra a estándares superiores

El despliegue de redes móviles de última generación se ha convertido en un habilitador clave de productividad, innovación y atracción de inversión. Sin embargo, el proyecto de 5G del Instituto Costarricense de Electricidad continúa sin materializarse a escala nacional, pese a que el país ya completó la subasta del espectro radioeléctrico necesario.

A nivel internacional, mercados como China, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita ya operan redes 5.5G, con velocidades que alcanzan hasta 10 gigabits por segundo y mejoras sustantivas en latencia y estabilidad. En paralelo, potencias tecnológicas como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur impulsan hojas de ruta para 6G, lo que eleva la presión competitiva para economías que aún no consolidan la quinta generación.

En Costa Rica, el retraso del ICE contrasta con la ejecución de sus competidores privados. Liberty y Claro lanzaron servicios comerciales de 5G desde el primer semestre de 2025, incluso antes de contar con todo el espectro óptimo, mediante estrategias de refarming de frecuencias previamente asignadas a 4G.

El punto de inflexión ocurrió el 23 de enero de 2025, cuando se formalizó la subasta de frecuencias. En ese proceso, ambas operadoras privadas aseguraron bloques estratégicos y asumieron compromisos de cobertura social, incluyendo zonas rurales y costeras fuera de la GAM. Cada empresa se comprometió a pagar 16,2 millones de dólares y a instalar un mínimo de 1.552 torres en cinco años, para un total de 3.104 radiobases.

En contraste, la licitación del ICE para la implementación de su red 5G acumula un rezago administrativo relevante. El expediente 2025XE-000492-0000400001 en Sicop detalla que el proceso inició en julio de 2025 y debía adjudicarse en febrero de 2026. No obstante, la emisión de 41 solicitudes de subsanación obligó a prorrogar los plazos hasta finales de marzo.

Desde una óptica de gestión, el tiempo adicional responde al cumplimiento del debido proceso, que incluye estudio técnico, recomendación de ofertas elegibles, mejora de precios y acto final de adjudicación. Aun así, el retraso tiene un costo de oportunidad tangible en términos de mercado, percepción de marca y retención de clientes.

A este escenario se suman fricciones regulatorias y judiciales vinculadas al Decreto 44.196-MSP-MICITT, que restringe la participación de proveedores con sede en países no firmantes del Convenio de Budapest. La situación impacta directamente a Huawei, que logró participar en el concurso durante más de un año gracias a una suspensión cautelar promovida por el sindicato FIT-ICE, posteriormente rechazada por el Tribunal Contencioso Administrativo.

Con el decreto nuevamente en firme desde 2025, la oferta de Huawei enfrenta un riesgo legal significativo en la etapa de recomendación de ofertas elegibles, lo que abre la puerta a eventuales apelaciones y a una mayor dilación del proceso.

En términos de negocio, el resultado es claro: mientras el ICE gestiona complejidades administrativas y regulatorias, el mercado ya avanzó. La asimetría competitiva se amplía y el país posterga los beneficios económicos, productivos y sociales asociados a una adopción oportuna de tecnologías móviles de última generación.