Fiscalía incauta celulares, vestimenta y registros audiovisuales en causa por amenazas contra la presidenta electa
- Por Daniel Johnson
- hace 26 minutos
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Un operativo judicial ejecutado en Cartago permitió el decomiso de dispositivos móviles, prendas de vestir y material fotográfico en el marco de una investigación penal por presuntas amenazas dirigidas a la presidenta electa, Laura Fernández, elevando el nivel de resguardo institucional en torno al caso.
La Fiscalía Adjunta de Cartago confirmó que la diligencia se realizó la mañana del miércoles 4 de febrero en el sector de El Tejar del Guarco, como parte de una causa abierta por el aparente delito de amenazas agravadas, bajo el expediente 26-000464-0058-PE. La intervención concluyó con la detención de una mujer de 26 años, identificada con los apellidos Barahona Hazera.

Según el Organismo de Investigación Judicial, entre los elementos incautados figuran dos teléfonos celulares, vestimenta y fotografías que, de acuerdo con la línea investigativa, habrían sido utilizadas para la grabación de mensajes intimidatorios difundidos a través de redes sociales. Además, los agentes realizaron un levantamiento fotográfico de un inmueble que sería el punto donde se produjo el material audiovisual bajo análisis.
En paralelo al avance de las diligencias, la presidenta electa se presentó este jueves ante la Fiscalía Adjunta de Cartago. El objetivo de la comparecencia fue ponerla formalmente en conocimiento de los hechos que se investigan, procedimiento conocido como información de derechos. Desde el Ministerio Público señalaron que, por ahora, no es posible ampliar detalles adicionales del proceso.
De acuerdo con antecedentes recabados en la investigación preliminar, en los registros audiovisuales atribuidos a la sospechosa se aludiría a un supuesto grupo numeroso de personas detrás de un eventual plan de ataque contra Fernández. En ese mismo contexto, los mensajes habrían incluido advertencias directas para que la mandataria electa no se trasladara a Cartago y exigencias con un plazo definido.
La imputada permanece bajo custodia judicial mientras se agenda la audiencia en la que el Ministerio Público solicitará las medidas cautelares correspondientes, en una causa que continúa en fase de análisis probatorio y verificación de antecedentes.




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