Tribunal avala despedida supervisada antes de extradiciones

Antes de concretarse su traslado a Estados Unidos, el exmagistrado Celso Gamboa podría sostener un último encuentro con su hijo menor de edad, en una audiencia que quedaría registrada y bajo estrictos controles judiciales. Así lo resolvió el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, al establecer lineamientos humanitarios para personas cuya extradición ya fue autorizada.

La resolución sostiene que este tipo de encuentros responde al interés superior de la persona menor de edad, criterio respaldado por la Convención sobre los Derechos del Niño y por las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En ese marco, se autoriza a los tribunales a facilitar un espacio privado dentro de sus instalaciones para permitir la despedida entre padres e hijos, siempre que el menor acepte voluntariamente el encuentro.

El fallo aclara que esta audiencia no es automática ni obligatoria y que se realizará únicamente si existe consentimiento del menor. El objetivo es generar una instancia de cierre familiar en condiciones dignas, tomando en cuenta que los regímenes de alta contención han limitado severamente el contacto previo entre los privados de libertad y sus hijos.

Debido a que los centros penitenciarios no reúnen condiciones adecuadas para la presencia de menores de edad, el encuentro deberá realizarse en un tribunal de justicia. No obstante, el órgano judicial dejó abierta la posibilidad de que la audiencia se lleve a cabo por videoconferencia, en caso de que existan riesgos de seguridad que así lo ameriten.

La defensa de Gamboa señaló que esta instancia permitiría un reencuentro que no ha sido posible durante meses, debido a las restricciones vigentes. Según explicó su abogado, Michael Castillo, la actual normativa penitenciaria impide el ingreso de menores a los centros de reclusión, lo que ha profundizado la desconexión familiar.

El criterio del tribunal también se extiende a otros procesos de extradición en curso. En el caso de Edwin López, alias “Pecho de Rata”, se reconoció que, pese a la procedencia de su extradición por la gravedad de los delitos imputados, el Estado tiene la obligación de mitigar el impacto en su núcleo familiar. López tiene una hija de 10 años que no ha podido visitarlo debido a los protocolos de máxima seguridad.

En ambos escenarios, el tribunal enfatiza que la ejecución de las extradiciones no exime al Estado de aplicar medidas de humanidad que reduzcan el daño colateral en la vida familiar, especialmente cuando hay personas menores de edad involucradas.