PLN rechaza venta del BCR y advierte falta de marco regulatorio previo

EL debate político se reactivó con fuerza en torno al futuro del Banco de Costa Rica, luego de que la presidenta electa, Laura Fernández, confirmara su intención de avanzar con la venta de la entidad como mecanismo para atender la deuda del Estado con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS.

La futura mandataria sostuvo que la desinversión del banco fue uno de los ejes centrales de su programa de gobierno y defendió la propuesta como una decisión estratégica para obtener recursos frescos. En esa línea, argumentó que la venta debería concretarse antes de que la institución enfrente eventuales crisis asociadas a problemas de gobernanza o cuestionamientos por presuntos malos manejos.

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en el ámbito político. Consultado sobre las alusiones a posibles casos de corrupción, el diputado electo por San José y exministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró no tener conocimiento de situaciones de ese tipo vinculadas al banco. Desde la oposición, el Frente Amplio y la diputada electa de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, reiteraron su rechazo a la idea de desprenderse de una de las principales entidades financieras del Estado.

En paralelo, el Partido Liberación Nacional fijó posición a través de su presidente, Ricardo Sancho, quien confirmó que la agrupación se opondrá a la venta del BCR. El PLN argumentó que no existe un marco regulatorio previo que respalde una operación de ese calibre y subrayó que la entidad mantiene indicadores financieros saludables, con potencial para dinamizar el sector productivo y apoyar el desarrollo económico.

La respuesta institucional tampoco se hizo esperar. El propio Banco de Costa Rica defendió su solidez financiera y destacó que cuenta con una de las suficiencias patrimoniales más robustas del sistema, además de una posición de solvencia estable en el mercado. En un comunicado, la entidad reafirmó su compromiso con la estabilidad del sistema financiero, la continuidad de los servicios y la innovación como eje de mejora operativa.

Desde el ámbito sindical, Unebanco cuestionó duramente la propuesta y sostuvo que la venta no resolvería los problemas estructurales del Estado ni el déficit del sistema de pensiones. El gremio advirtió sobre un eventual impacto social negativo, al considerar que se perderían aportes permanentes que hoy financian programas como el Régimen No Contributivo, el desarrollo cooperativo, la atención de emergencias y el apoyo a la educación mediante becas.

El escenario deja en evidencia que la discusión sobre el BCR se perfila como uno de los primeros focos de tensión política de la nueva administración, con un debate que combina sostenibilidad fiscal, rol del Estado y balance social.