¿Puede la oposición convertir un acuerdo defensivo en una hoja de ruta con impacto real?

El arranque del próximo periodo legislativo abre una ventana de alineamiento político en torno a la defensa del marco democrático, tras la propuesta de pacto impulsada por el Frente Amplio. Aunque las principales fuerzas opositoras coincidieron en rechazar la reelección presidencial continua y cualquier intento de levantar derechos y garantías individuales, el consenso se diluye cuando el foco se traslada desde los principios hacia la ejecución de una agenda país.

La iniciativa, presentada por Ariel Robles, excandidato presidencial y diputado electo del Frente Amplio, plantea cuatro ejes estratégicos: blindar derechos y garantías, cerrar la puerta a la reelección consecutiva, resguardar la división de poderes y fortalecer la institucionalidad democrática. El planteamiento surge en un contexto donde el oficialismo de Pueblo Soberano contará con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, aunque sin los votos necesarios para reformas constitucionales de alto calado.

Desde la oposición, la lectura es clara: el piso democrático es compartido, pero no suficiente. Tanto Liberación Nacional como la Coalición Agenda Ciudadana consideran que el acuerdo debe escalar hacia una agenda programática que conecte con las prioridades operativas de la ciudadanía.

Claudia Dobles, diputada electa de Agenda Ciudadana, sostuvo que su agrupación ya asumió un compromiso firme con la defensa democrática, pero enfatizó la necesidad de pasar de los resguardos institucionales a soluciones concretas. En su enfoque, el valor agregado está en construir consensos en seguridad, educación, costo de vida, alivio financiero, listas de espera y generación de oportunidades, áreas donde la política debe entregar resultados tangibles. En esa línea, confirmó acercamientos preliminares con el PUSC y dejó abierta la puerta a integrar al Frente Amplio una vez definida su jefatura de fracción.

Liberación Nacional replicó el mismo diagnóstico. Álvaro Ramírez, jefe de fracción electo del PLN, validó el espíritu del pacto, pero lo calificó como un punto de partida. Desde su perspectiva, la oposición debe capitalizar la coincidencia democrática para estructurar una agenda económica y social que impacte directamente a las familias, incluyendo seguridad, alivio al endeudamiento y reactivación de oportunidades, ejes ya posicionados durante la campaña electoral.

El secretario general del PLN, Miguel Guillén, elevó el tono estratégico al advertir que una agenda definida solo por la contención no es suficiente frente a la complejidad del país. A su juicio, el desafío es construir la columna vertebral del “sí”: un nuevo modelo educativo, una estrategia moderna de seguridad, una visión clara de competitividad, fortalecimiento productivo e inversión inteligente en infraestructura. En ese marco, llamó a las fuerzas del centro moderado a tender puentes y abrir espacios de diálogo sin reservas.

El PUSC, por su parte, optó por no fijar posición pública sobre la propuesta del Frente Amplio, aunque se mantiene como un actor clave en cualquier eventual bloque de trabajo opositor.

Más allá de las diferencias de enfoque, el consenso mínimo parece consolidado. La interrogante ahora es si la oposición logrará transformar ese acuerdo defensivo en una agenda proactiva que combine gobernabilidad democrática con resultados económicos y sociales medibles.