Trump endurece aranceles y desafía a la Corte Suprema tras fallo adverso

En un entorno de alta volatilidad política y con implicaciones directas para el comercio internacional, el presidente Donald Trump optó por profundizar su estrategia arancelaria luego de un fallo adverso del máximo tribunal estadounidense. La decisión reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo, la certidumbre regulatoria y el costo económico de la confrontación institucional.

Tras una revisión del dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos, Trump anunció el incremento inmediato de los aranceles globales del 10% al 15%, argumentando que la medida se encuentra dentro del nivel plenamente autorizado. Desde su perspectiva, el fallo judicial restringe de forma injustificada la capacidad del Ejecutivo para responder a desequilibrios comerciales que considera estructurales.

La medida se apoya en una orden ejecutiva firmada previamente y que contemplaba la entrada en vigor de los gravámenes por un período de 150 días, con excepciones sectoriales clave, entre ellas la industria farmacéutica y los bienes que ingresan bajo los acuerdos vigentes con México y Canadá. El diseño busca amortiguar impactos críticos en cadenas de suministro estratégicas, aunque mantiene una señal de endurecimiento hacia los mercados.

A nivel internacional, la reacción de los principales socios comerciales ha sido prudente pero firme. El presidente francés Emmanuel Macron valoró el fallo como una muestra de la importancia de los controles institucionales en las democracias, subrayando la necesidad de reglas previsibles y no decisiones unilaterales.

En la misma línea, el canciller alemán Friedrich Merz anticipó que la Unión Europea fijará una posición común, recordando que la política aduanera es una competencia comunitaria y no de los Estados miembros.

El fallo, respaldado por seis de los nueve jueces, establece que el presidente debe contar con una autorización clara del Congreso para imponer aranceles bajo el argumento de emergencia económica. El presidente del tribunal, John Roberts, enfatizó que la ley de 1977 invocada por Trump no otorga un cheque en blanco al Ejecutivo, un mensaje que refuerza la seguridad jurídica como activo clave para la economía.

En el plano financiero, la decisión judicial abre la puerta a eventuales reclamos por reembolsos de aranceles ya pagados. Analistas estiman que los montos recaudados y ahora cuestionados superan los 130 mil millones de dólares en 2025. El propio Trump anticipó una larga batalla legal, mientras que el juez disidente Brett Kavanaugh advirtió que la devolución de esos fondos podría generar un escenario de alta complejidad operativa.

Desde el ámbito político interno, las críticas no tardaron en llegar. El gobernador de Pensilvania Josh Shapiro señaló que la política arancelaria está afectando a agricultores, pequeñas empresas y familias, elevando los costos y la incertidumbre económica.

En términos estratégicos, Trump sostiene que los aranceles son una herramienta para corregir déficits comerciales y generar ingresos que compensen recortes impositivos. Sin embargo, el choque con la Corte Suprema y la reacción de los socios internacionales colocan a la política comercial estadounidense en un punto de inflexión, donde el equilibrio entre assertividad política, estabilidad institucional y confianza de mercado será determinante.