Denuncian presunta estafa en proyecto Llanos de Cortez: compradores pagaron millones y finca estaba embargada

Una inversión de ₡14 millones en un proyecto de quintas ubicado en Bagaces, Guanacaste, escaló de una oportunidad patrimonial a un conflicto legal de alto impacto para una familia costarricense con vínculos en el extranjero. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José y se tramita bajo el expediente 24-002462-0175-PE, por el presunto delito de estafa.

El desarrollo inmobiliario, comercializado como quintas recreativas accesibles en el sector de Llanos de Cortez, se promovía principalmente en redes sociales a través de la marca Grupo ADM Inmobiliaria. En 2022, Yesenia de los Ángeles Méndez Rodríguez y su esposo adquirieron uno de los lotes, el cual lograron inscribir correctamente en el Registro Nacional tras pagar de contado, asegurando así su posición registral.

La situación cambió en el caso de Patricia Méndez Rodríguez, hermana de Yesenia y residente en Nueva York. El 7 de septiembre de 2022 se formalizó la compra del lote P25 mediante un poder especialísimo. El precio total se pactó en ₡14 millones, con una prima inicial de ₡2.607.350, un segundo pago de ₡5.696.325 y el saldo restante a cancelar en cuotas durante un año. Para julio de 2024, el monto abonado ya alcanzaba ₡12.200.000.

Los pagos se realizaban desde Estados Unidos y eran depositados posteriormente en Costa Rica a una cuenta bancaria de la empresa comercializadora. La documentación aportada al expediente incluye contrato de opción de compra, comprobantes de pago, plano catastrado, material publicitario y conversaciones sostenidas por WhatsApp.

Durante el proceso, Patricia fue diagnosticada con cáncer, lo que obligó a una pausa temporal en los pagos mientras iniciaba su tratamiento médico. Según la denuncia, el representante comercial del proyecto, Adrián Andrés Alegre Arce, indicó que no existía inconveniente y que la situación podía manejarse sin riesgo contractual. Los pagos se reanudaron posteriormente.

La alerta surgió el 7 de julio de 2024, cuando Yesenia visitó el proyecto y fue advertida por un vecino sobre un “problema” legal. Tras consultar en el Juzgado de Cobro de Liberia, se les confirmó la existencia de un proceso iniciado el 6 de marzo de 2023, es decir, más de un año antes, cuando los pagos seguían fluyendo con normalidad.

Según la información recabada por los denunciantes, el propietario original del terreno habría interpuesto una demanda cercana a los ₡190 millones contra quien explotaba comercialmente el proyecto, por presunto incumplimiento de pagos, lo que derivó en el embargo de la finca madre y, en consecuencia, de los lotes segregados.

Al ser confrontado, Adrian Alegria (Alegra en denuncia) habría señalado atravesar una situación personal compleja y ofreció como alternativa un lote en Santa Cruz, con un eventual traspaso que nunca se concretó. La pretensión principal de la parte denunciante es la devolución íntegra del capital invertido.

La Tercera™ intentó obtener la posición del señalado. Este indicó que no brindaría declaraciones a la prensa y remitió cualquier consulta a su abogado. Al cierre de esta publicación, no fue posible contactar a su representación legal. Los denunciantes sostienen que existirían otros compradores en circunstancias similares, lo que plantea riesgos reputacionales y cuestionamientos sobre los controles de transparencia y debida diligencia en la comercialización de proyectos inmobiliarios. El caso es analizado actualmente por el Ministerio Público, que deberá determinar si existió o no el delito de estafa y las eventuales responsabilidades civiles.

Más allá del componente financiero, la familia afirma que la prioridad es resolver la situación de Patricia, quien enfrenta un tratamiento oncológico mientras intenta recuperar los ahorros destinados a una inversión que prometía estabilidad y tranquilidad.