Ramos fija el límite político del PLN frente al oficialismo en el nuevo Congreso

En la antesala del nuevo periodo legislativo, Álvaro Ramos puso sobre la mesa el principal punto de quiebre estratégico que marcará la actuación de la fracción del Partido Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa. El excandidato presidencial dejó claro que la suspensión de garantías individuales constituye un límite intransable para la bancada verdiblanca, hoy convertida en la mayor fuerza opositora.

Ramos explicó que sostuvo reuniones de alineamiento con los 17 diputados entrantes del PLN para levantar diagnósticos internos y establecer criterios comunes de acción. En ese marco, señaló que la eventual activación de un estado de excepción es la única iniciativa que no admite márgenes de reacción política, ya que obliga a una votación inmediata en el plenario. Por lo mismo, subrayó la necesidad de una coordinación férrea y comunicación interna sin fisuras.

El oficialismo del Partido Pueblo Soberano, que contará con 31 curules y mayoría absoluta, no alcanza por sí solo los 38 votos requeridos para aprobar una reforma constitucional que permita levantar o suspender derechos y garantías individuales, una propuesta que defendió durante la campaña como respuesta a la crisis de inseguridad. Para Ramos, ese umbral no debe cruzarse bajo ninguna circunstancia.

“El mensaje tiene que ser inequívoco: no se avala”, insistió, recalcando que su postura ha sido consistente desde el proceso electoral y que la fracción debe actuar como bloque frente a cualquier intento de avanzar en esa dirección.

No obstante, Ramos reconoció el riesgo político de eventuales desmarques individuales dentro de la bancada, recordando antecedentes recientes de legisladores que se apartaron de la línea partidaria o votaron en sintonía con el oficialismo, especialmente en decisiones sensibles como el levantamiento de la inmunidad presidencial.

El mapa opositor se completa con nueve diputados adicionales del Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana, fuerzas que también han manifestado su rechazo a la suspensión de garantías individuales, configurando un escenario donde la gobernabilidad dependerá de negociaciones finas y alineamientos puntuales.